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SAUDAÇÕES À HUMANIDADE

OEA presta um tributo aos homens

A Humilhação do Brasil, nossa Pátria Mãe Gentil

Escancara-se ao Mundo a verdadeira natureza dos nossos STF e PGR

Finalmente, as boas novas! Acordo de longa mudez para cantar alvíssaras.

É que o Brasil foi posto em seu devido lugar.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA – Organização dos Estados Americanos, condenou o Estado brasileiro pela barbaridade perpetrada no famoso caso da “Guerrilha do Araguaia”, resolvido com a execução e desaparecimento, pura e simplesmente, de setenta pessoas.

Leia a notícia em:

http://www1.folha.uol.com.br/poder/845783-corte-interamericana-condena-brasil-por-desaparecidos-no-araguaia.shtml

Como o Brasil não se mexeu durante todo esse período (desde 1974) para investigar e punir os perpetradores deste CRIME CONTRA A HUMANIDADE (pois, caro leitor, é exatamente disso que se trata), a Humanidade, maculada (uma vez mais) pela nossa Pátria Mãe Gentil, apontou-lhe o dedo em riste por meio de uma corte internacional que atua na defesa dos Direitos Humanos.

Esta Corte, que está anos-luz acima e à frente de nosso combalido Supremo Tribunal Federal (quem, trago à lembrança, meses atrás se posicionou em sentido diametralmente oposto ao agora assumido pelas Américas), decidiu, com todas as letras, para quem quiser ler, numa decisão que “constitui, per se, uma forma de reparação”, em suma, que, a uma, a Lei brasileira da Anistia (Lei 6.683/79) é uma aberração jurídica; a duas, o Estado brasileiro é irremediavelmente responsável pela produção do resultado ocorrido, qual seja, o desaparecimento forçado das pessoas que alusivamente participavam da guerrilha; a três, que o Estado deverá reparar o dano que causou (não integralmente, pois não há reparo integral de dano de tamanha monta), indenizando os familiares das vítimas e dando-lhes todo o suporte médico e psicoterapêutico necessário à superação da dor; a quatro, o Estado brasileiro deverá conduzir eficazmente a jurisdição penal no presente caso, punindo os culpados; a cinco, o Estado brasileiro deverá empregar todos os esforços necessários para localizar os restos mortais das vítimas e, na medida do possível, entregá-los aos seus familiares; a seis, o Estado brasileiro deverá realizar um ATO PÚBLICO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL pelos feitos criminosos postos a julgamento; a sete, o Estado brasileiro deverá meter toda a soldadesca, “em todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas”, num curso que lhes ensine boas maneiras, mais especificamente um “curso obrigatório e permanente sobre Direitos Humanos”.

Leia você mesmo, caro leitor, com os seus próprios olhos que um dia a terra haverá de engolir:

XII

PUNTOS RESOLUTIVOS

325. Por tanto,

 

LA CORTE

 

DECIDE,

 

por unanimidad:

 

1. Admitir parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia temporal interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 15 a 19 de la presente Sentencia.

2. Desestimar las restantes excepciones preliminares interpuestas por el Estado, en los términos de los párrafos 26 a 31, 38 a 42 y 46 a 49 de la presente Sentencia.

 

DECLARA,

 

por unanimidad, que:

 

3. Las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana ocurridos en Brasil.

4. El Estado es responsable por la desaparición forzada y, por lo tanto, de la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de las personas indicadas en el párrafo 125 de la presente Sentencia, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 101 a 125 de la misma.

5. El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 2, em relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Amnistía respecto de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, por la falta de investigación de los hechos del presente caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables, em perjuicio de los familiares de los desaparecidos y de la persona ejecutada indicados em los párrafos 180 y 181 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 137 a 182 de la misma.

6. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25 de dicho instrumento, por la afectación del derecho a buscar y a recibir información, así como del derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales establecidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 13.1 de la misma por exceder el plazo razonable de la Acción Ordinaria, todo lo anterior en perjuicio de los familiares indicados en los párrafos 212, 213 y 225 de la presente Sentencia, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 196 a 225 de la misma.



Escrito por Rodrigo às 02h25
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7. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares indicados em los párrafos 243 y 244 de la presente Sentencia, de conformidad con lo expuesto em los párrafos 235 a 244 de la misma.

 

Y DISPONE,

 

por unanimidad, que:

 

8. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

9. El Estado debe conducir eficazmente, ante la jurisdicción ordinaria, la investigación penal de los hechos del presente caso a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia.

10. El Estado debe realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de lãs víctimas desaparecidas y, en su caso, identificar y entregar los restos mortales a sus familiares, de conformidad con lo establecido en los párrafos 261 a 263 de la presente Sentencia.

11. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico que requieran las víctimas y, en su caso, pagar la suma establecida, de conformidad con lo establecido en los párrafos 267 a 269 de la presente Sentencia.

12. El Estado debe realizar las publicaciones dispuestas de conformidad con lo establecido en el párrafo 273 de la presente Sentencia.

13. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido em el párrafo 277 de la presente Sentencia.

14. El Estado debe continuar con las acciones desarrolladas en materia de capacitación e implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio sobre derechos humanos, dirigido a todos los niveles jerárquicos de lãs Fuerzas Armadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 283 de la presente Sentencia.

15. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas que sean necesarias para tipificar el delito de desaparición forzada de personas de conformidad con los estándares interamericanos, en los términos de lo establecido en el párrafo 287 de la presente Sentencia. Mientras cumple con esta medida, el Estado deberá adoptar todas aquellas acciones que garanticen el efectivo enjuiciamiento y, en su caso, sanción respecto de los hechos constitutivos de desaparición forzada a través de los mecanismos existentes en el derecho interno.

16. El Estado debe continuar desarrollando las iniciativas de búsqueda, sistematización y publicación de toda la información sobre la Guerrilha do Araguaia, así como de la información relativa a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, garantizando el acceso a la misma en los términos del párrafo 292 de la presente Sentencia.

17. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 304, 311 y 318 de la presente Sentencia, en concepto de indemnización por daño material, por daño inmaterial y por reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 302 a 305, 309 a 312 y 316 a 324 de la misma.

18. El Estado debe realizar una convocatoria en, al menos, un periódico de circulación nacional y uno en la región donde ocurrieron los hechos del presente caso, o mediante otra modalidad adecuada, para que, por un período de 24 meses contado a partir de la notificación de la Sentencia, los familiares de las personas indicadas em el párrafo 119 del presente Fallo aporten prueba fehaciente que permita al Estado identificarlos y, en su caso, considerarlos víctimas en los términos de la Ley No. 9.140/95 y de esta Sentencia, en los términos de los párrafos 120 y 252 de la misma.

19. El Estado debe permitir que, por un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, los familiares de los señores Francisco Manoel

Chaves, Pedro Matias de Oliveira (“Pedro Carretel”), Hélio Luiz Navarro de Magalhães y Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, puedan presentarle, si así lo desean, sus solicitudes de indemnización utilizando los criterios y mecanismos establecidos en el derecho interno por la Ley No. 9.140/95, de conformidad con los términos del párrafo 303 de la presente Sentencia.

20. Los familiares o sus representantes legales presenten al Tribunal, en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, documentación que evidencie que la fecha de fallecimiento de las personas indicadas en los párrafos 181, 213, 225 y 244 es posterior al 10 de diciembre de 1998.

21. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año a partir de su notificación el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

El Juez Roberto de Figueiredo Caldas hizo conocer a la Corte su voto concurrente y

razonado el cual acompaña esta Sentencia.

Redactada en español, en portugués y en inglés, haciendo fe el texto en español, em San José, Costa Rica, el día 24 de noviembre de 2010.

Diego García-Sayán

Presidente”

Leia a íntegra da sentença arrasadora em:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf

Eis, caro leitor, o golpe fulminante a toda a mesquinharia que pululou aquele malfadado acórdão do STF sobre o caso – para quem um fictício (espantoso e mentiroso!) consenso geral e irrestrito da Nação foi argumento suficiente (suficiente só para as cabeças dos que o compõem. A prova está aí em cima!) para enterrar, junto daqueles esfarrapados corpos, tudo quanto diga respeito aos Direitos Humanos em questão –, o qual contou, ainda, com a conivência inacreditável do Procurador-Geral da República, autoridade que deveria zelar justamente pelos direitos fundamentais agredidos. Pois ao Mundo resta, agora, escancarada e inescapável, a verdadeira natureza dessas duas instituições do Brasil: uma farsa!

Parabéns à OEA! É bom saber que há juízes em São José da Costa Rica.



Escrito por Rodrigo às 02h24
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BRASIL, Sul, BALNEARIO CAMBORIU, Homem, de 26 a 35 anos
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